Trescientas familias de cooperativistas de pisos protegidos exigen al alcalde que cumpla plazos.
Los promotores inmobiliarios tratan de paralizar el que será el mayor desarrollo urbanístico de la década en A Coruña y principal bolsa de viviendas de protección. El gerente de Aproinco (Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña), Juan José Yáñez, reclamó ayer al Concello que bloquee la adjudicación de las obras, prevista para este trimestre con un presupuesto de 45 millones de euros, hasta que se resuelvan todos los litigios relacionados con la expropiación de los terrenos, hace 20 años. De este modo, los promotores no tendrían que hacer frente por el momento a las cuotas de urbanización, que deben pagar al Concello para costear la construcción. Trescientas familias de cooperativistas que ya adelantaron unos 40.000 euros por piso piden que la obra se contrate ya.
“No hay prisa por adjudicar el concurso, así que pedimos que esperen hasta saber quienes son los propietarios de las parcelas”, reclamó ayer Yáñez. Argumenta que hay ya 18 sentencias que reconocen el derecho de reversión de parcelas a los vecinos –es decir, el mecanismo inverso a la expropiación– y que “no parece lógico seguir avanzando en el proceso” con riesgo de que “se tenga que parar la obra una vez iniciada”. Las dificultades para conseguir financiación y la bajada de la demanda en el sector inmobiliario hacen que los promotores recelen de pagar las cuotas de urbanización de modo inmediato, a lo que les obligaría el comienzo de la obra.
En cambio, las tres cooperativas de vivienda que promueven pisos de protección autonómica en parcelas que la Xunta les adjudicó hace casi dos años critican los continuos bloqueos que ha sufrido el proyecto y exigen que el alcalde, Javier Losada, cumpla su promesa de iniciar las obras esta primavera. “La ciudad de A Coruña y Galicia necesitan que pronto haya grúas en las parcelas”, mantiene el presidente de la Unión Gallega de Cooperativas de Vivienda (Ugacovi), Luis Ruano, quien avisa de que reclamarán daños y perjuicios si el proyecto no avanza. El Concello eludió ayer aclarar cuál será su determinación ante la petición de Aproinco.
“NO QUIEREN PAGAR LAS CUOTAS”
Ugacovi mantiene que las causas judiciales ya están resueltas y que “para nada impiden el proceso de urbanización”. A su juicio, el hecho de que los tribunales reconozcan a los vecinos expropiados por la Xunta que tienen derecho a recuperar la titularidad de los terrenos no anula la reparcelación aprobada definitivamente, sino que sólo les da derechos en el futuro desarrollo urbanístico: “Las parcelas de resultado son las que son y son finales por lo que no se impide el proyecto constructivo; Aproinco defiende el interés de sus asociados, pero 300 familias de cooperativistas piden lo contrario y a ver quien puede más”, concluye Ruano. Considera que el problema es simplemente que “los promotores no quieren pagar ahora los costes de urbanización porque dicen que son caros y no tienen liquidez”.
“No todos los miembros de Aproinco pedimos que se paralice”, aclara Benito González, gerente de Millarcasa –gestora de la cooperativa Eirís Ofimático–. Esta sociedad miembro de Aproinco critica que la petición de Yáñez responde “únicamente al interés particular de algunos socios” y no fue respaldada por la asamblea de la asociación.
